En un fallo que marca un precedente por su severidad, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt dictó una sentencia de 20 años de presidio efectivo contra un individuo responsable de múltiples delitos de abuso sexual a menores, así como de la creación y propagación de material de explotación infantil. Esta resolución judicial otorga la pena más alta que la Fiscalía local había requerido durante el proceso.
El origen del caso: Una alerta internacional
La caída del agresor no fue fortuita. Según explicó la fiscal Ingrid González, el caso se activó gracias a un reporte de inteligencia del FBI. El organismo estadounidense detectó que, desde territorio chileno, se estaba enviando contenido ilícito a través de la aplicación de mensajería Telegram.
A partir de ese aviso, las autoridades nacionales iniciaron una persecución penal que permitió no solo individualizar al sospechoso, sino también descubrir la magnitud de sus acciones.
Víctimas y modus operandi
La investigación judicial arrojó detalles desgarradores sobre el alcance del daño causado:
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Perfil de las víctimas: Al menos tres niños y niñas, de entre 3 y 7 años, sufrieron los vejámenes.
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Producción de material: El condenado no solo consumía archivos externos, sino que él mismo grababa y fotografiaba a los menores en contextos de índole sexual explícita.
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Temporalidad: Los crímenes comenzaron a perpetrarse durante el confinamiento por la pandemia, aprovechando el contexto de aislamiento.
Un desafío tecnológico para la justicia
El Ministerio Público catalogó esta causa como de alta complejidad. El imputado, en un intento por asegurar su impunidad, trató de borrar de forma definitiva todo el rastro digital de sus dispositivos móviles y computadoras.
El rol de la evidencia recuperada
A pesar de los intentos de destrucción de pruebas, un despliegue multidisciplinario de la PDI logró revertir el daño:
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Colaboración técnica: Trabajaron en conjunto el equipo de delitos informáticos de Puerto Montt, la unidad de Cibercrimen de Valparaíso y peritos de los Laboratorios de Criminalística de Santiago y Temuco.
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El hallazgo clave: Los expertos consiguieron rescatar más de 2.500 archivos incriminatorios que permanecían ocultos en un ordenador portátil.
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Localización del sitio del suceso: La Brigada de Delitos Sexuales fue fundamental para precisar los inmuebles exactos donde se llevaron a cabo las agresiones y las grabaciones.
Finalmente, el tribunal determinó que la sanción deberá ser cumplida íntegramente en un centro penitenciario, sin posibilidad de beneficios que alteren la privación de libertad efectiva.