Un fallo histórico marcó a la región de Aysén, luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique dictara condena contra tres personas por su participación en una red vinculada a explotación sexual infantil y microtráfico de drogas.
El caso, que se remonta a una investigación iniciada en 2025, representa el primer proceso judicial de este tipo que llega a juicio oral en la zona.
Condenas por delitos graves y múltiples cargos
El tribunal determinó la responsabilidad penal de un hombre y dos mujeres, quienes enfrentaban acusaciones por distintos ilícitos asociados a la explotación de menores y tráfico de sustancias.
Penas que superan los 10 años de cárcel
Una de las imputadas, de 25 años, recibió una condena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de explotación sexual infantil.
En tanto, el acusado de 27 años —quien además se desempeñaba como transportista informal— fue sentenciado por cuatro delitos, sumando más de nueve años de cárcel. Entre ellos se incluyen cuatro años por obtención de servicios sexuales de menores de edad, tres años por porte ilegal de arma de fogueo modificable, además de 600 días por almacenamiento de material pornográfico infantil y 300 días por microtráfico.
Por su parte, una tercera involucrada, de 39 años, fue condenada a 600 días de presidio por el delito de microtráfico de drogas.
Investigación liderada por Fiscalía y PDI
El proceso judicial fue encabezado por el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras, quien dirigió la investigación junto a equipos especializados de la Policía de Investigaciones de Chile.
Trabajo coordinado de unidades especializadas
En el desarrollo del caso participaron la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), lo que permitió reunir antecedentes clave para acreditar los delitos.
Factores detrás de la explotación infantil
Al momento de formalizar la causa en 2025, el fiscal abordó los elementos que suelen estar presentes en este tipo de delitos.
En ese contexto, explicó que “En la explotación sexual infantil suelen confluir situaciones de pobreza, vulnerabilidad, negligencia parental, tráfico y consumo de drogas. Además, muchos adolescentes no dimensionan los riesgos frente a recompensas como celulares, pero todas estas conductas están sancionadas por la ley y deben ser perseguidas”.
Apoyo a víctimas y rol de instituciones
El caso contó con la colaboración del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y del programa Mi Abogado, que además actuó como querellante durante el juicio.
Acompañamiento durante el proceso judicial
Asimismo, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional brindó apoyo clave, facilitando la declaración anticipada de una de las víctimas y acompañando a otra durante el juicio, entregando contención y resguardo.
Este caso sienta un precedente en la región, tanto por la gravedad de los hechos como por la coordinación institucional que permitió llevar a los responsables ante la justicia.