Punta Arenas, Chile – Mientras el país se ve afectado por una ola de crímenes violentos que ha dejado un saldo de 16 víctimas fatales en un solo fin de semana, la Región de Magallanes se mantiene como un oasis de tranquilidad en materia de seguridad. Sin embargo, la situación en el norte del país no deja indiferente a nadie, y ha puesto en jaque al gobierno, con la oposición pidiendo la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El recrudecimiento de la violencia, el uso de armas de fuego, la presencia de atacantes anónimos y el ingreso del crimen organizado transnacional, son factores que han encendido las alarmas. Dos exautoridades de la Región de Magallanes, Pablo Bussenius, ex Seremi de Justicia, y Juan José Srdanovic, exgobernador, destacan la excepcional situación de la región y advierten sobre las causas de la crisis de seguridad que se vive en el resto del país.
Bussenius atribuye la situación actual a una falta de preparación por parte del Estado frente a las nuevas modalidades de delincuencia, propias del crimen organizado y el narcotráfico. “Chile no se encontraba suficientemente preparado”, afirma, y agrega que “se requiere de un esfuerzo aún mayor por parte del Estado en su conjunto y la unidad de todos los sectores para combatir este flagelo de manera eficaz”.
Por su parte, Srdanovic, identifica dos factores claves: la permeabilidad de las fronteras chilenas, facilitada por la retirada de las minas antipersonales en 2014, lo que abrió las puertas a la entrada de criminales al país; y el fortalecimiento del narcotráfico, que ha generado estructuras paralelas al Estado con recursos económicos superiores. “Para combatir al narco no se pueden aplicar las políticas de la delincuencia común; es necesario crear políticas públicas precisas para combatirlo”, enfatiza.
La situación de Magallanes, aunque excepcional, no es ajena a los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad. La experiencia de la región, caracterizada por la tranquilidad y la baja tasa de criminalidad, puede servir como modelo para la implementación de políticas públicas que permitan combatir la violencia y el crimen organizado en el resto del país.