La Fiscalía de Punta Arenas ha formalizado cargos contra dos individuos y ha solicitado una orden de detención para un tercero en un caso de defraudación de 2 mil millones de pesos en la construcción de viviendas destinadas a funcionarios del Ejército. El proceso judicial se centra en los delitos de estafa, fraude de subvenciones, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Los acusados son Jaime Patricio Alcarraz Ulloa, propietario de la constructora, José Miguel Matamala Pezo, inspector técnico del contrato, y Luis Vidal Bendix, ex presidente de la Agrupación de Viviendas Villa Pudeto. La ausencia de Alcarraz Ulloa ha llevado a la emisión de una orden de detención, con la formalización pendiente una vez se confirme su paradero, según declaraciones de Sebastián González, Fiscal Jefe de Punta Arenas.
El abandono físico y financiero de las obras de construcción en enero de 2019 reveló un desfase entre el avance real del contrato y los pagos realizados, con un sobrepago de 27,08% detectado en la asesoría técnica. La Agrupación de Vivienda Villa Pudeto, fundada en 2015 para facilitar viviendas a miembros del Ejército, había acordado un contrato fijo de construcción por un total de $6.056.777.565, IVA incluido.
Los acusados enfrentarán los cargos mencionados por acciones cometidas entre octubre de 2017 y noviembre de 2018 en Punta Arenas.