En la ciudad de Punta Arenas, las fiscalizaciones por ruidos molestos se han intensificado, especialmente en locales clandestinos y juntas vecinales utilizadas para eventos privados. Esta problemática, que parece ser recurrente en la vida cotidiana de la ciudad, ha generado preocupación tanto en las autoridades locales como en los vecinos, quienes se comprometen a denunciar estos incidentes llamando al número de contacto: 800 800 134.
José Meza, encargado del control operativo en la capital magallánica, reveló a Pingüino Multimedia que durante el año anterior se recibieron 1.200 denuncias relacionadas con ruidos molestos, lo que representa una parte significativa de las 5.234 interacciones reportadas sobre diversas situaciones.
A pesar de los esfuerzos realizados el año anterior, la problemática persiste. La mayoría de los casos se concentran en el centro de la comuna, según indicó Meza. Una de las preocupaciones destacadas es el funcionamiento de los denominados “After”, locales nocturnos que operan más allá del horario permitido, es decir, después de las 05:00 de la madrugada.
En respuesta a esta situación, el concejal Germán Flores anunció que se enfocarán en estos establecimientos con la imposición de multas. “Aquellas personas que acumulen tres o cuatro infracciones, según mi posición personal como concejal y de acuerdo a la ley, no contarán con mi voto para renovar sus patentes, lo que podría resultar en la pérdida definitiva de las mismas”, afirmó el edil.
Además de los locales nocturnos, las sedes de juntas vecinales también están siendo sometidas a una mayor fiscalización en los últimos tiempos, ya que se utilizan para eventos con fines de lucro, como fiestas privadas con venta de alcohol en distintas zonas de la comuna.
Flores destacó que las sedes cedidas en comodato deben destinarse a actividades acordes con la labor de la junta vecinal o el centro de adultos mayores. El concejal subrayó que no se oponen a los alquileres para eventos como primeras comuniones o bautizos, pero enfatizó que el problema surge cuando se arriendan a instituciones para eventos con venta de entradas, calificándolo como una actividad clandestina.