Punta Arenas

Terminación del contrato de los estacionamientos tras recurso de protección contra el alcalde

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En una decisión sin precedentes, el contrato de los estacionamientos en Punta Arenas llegó a su fin luego de interponerse un recurso de protección en contra del alcalde Claudio Radonich. La empresa responsable argumenta pérdidas millonarias y considera que la municipalidad ha puesto fin al contrato de manera “arbitraria e ilegal”, desencadenando la participación de la justicia para resolver el asunto.

En el recurso presentado, el abogado de la empresa solicitó una “orden de no innovar” con el objetivo de detener el proceso. Si bien el tribunal de alzada aceptó el recurso de protección, no se otorgó la petición en específico. Recientemente, la empresa ha presentado nuevos antecedentes y ha reiterado su solicitud de “orden de no innovar”, aun a la espera del pronunciamiento de los ministros.

Los representantes de la empresa Concesiones Punta Arenas SPA han interpuesto este recurso debido a que consideran que la municipalidad ha dado por finalizado el contrato “de forma arbitraria e ilegal” mediante la resolución N°11, fechada el 22 de diciembre de 2023 y notificada a la empresa el 26 de diciembre del mismo año. De acuerdo con los ejecutivos, ernando Allendes Becerra y Cristián Coronel Dubreuil, esta acción amenaza seriamente los derechos fundamentales que les asisten a las empresas recurrentes.

El recurso presenta una solicitud para que se declare admisible la acción cautelar presentada dentro del plazo correspondiente, implementada el 4 de enero. El tribunal ha otorgado al alcalde un plazo de seis días hábiles para que responda, con la obligación de presentar todos los antecedentes relacionados al tema que se encuentren en su poder.

Cabe destacar que la concesión de los estacionamientos en Punta Arenas fue adjudicada al municipio el 2 de febrero de 2021, con una duración de cinco años. Sin embargo, el contrato sufrió una modificación el 8 de marzo de 2022, reemplazando las garantías de cumplimiento establecidas inicialmente. La empresa sostiene que este contrato de larga duración y alta complejidad requiere que ambas partes lo ejecuten manteniendo condiciones adecuadas para su aprovechamiento recíproco.

La elevada inflación registrada durante los años 2022 y 2023, así como el desmedido aumento de costos, sin un incremento correspondiente en la tarifa de estacionamiento, ha generado un desequilibrio económico-financiero que ha hecho imposible que la empresa pueda mantener el contrato en estas condiciones.

Desde diciembre de 2022, la empresa ha intentado establecer un diálogo con la municipalidad de Punta Arenas para plantear la inviabilidad de continuar con el contrato bajo las condiciones pactadas. Sin embargo, las bases de la licitación no contemplaron un ajuste en las tarifas de estacionamiento, que se mantuvieron fijas desde el inicio del contrato hasta enero de 2024. A pesar de ello, se contemplaba un mecanismo de reajustabilidad anual en el pago mensual al municipio, así como el ajuste de las remuneraciones de los trabajadores y la inflación acumulada desde 2021.

La empresa ha presentado informes que muestran las pérdidas reportadas en los años 2021 y 2022, ascendiendo a la suma de $3.820.441 y $61.130.891 respectivamente. Para el año 2023, las proyecciones señalan pérdidas por un total de $173.130.891. A pesar de comunicar esta situación al municipio en varias ocasiones, la empresa recibió ninguna respuesta.

En un último intento por hacer viable el contrato de concesión, la empresa propuso reducir los espacios de estacionamiento a explotar durante el tiempo restante del año. No obstante, el alcalde rechazó todas las alternativas propuestas.

La empresa se encuentra al borde de la insolvencia y enfrenta una situación económica crítica debido a la resolución municipal. Por este motivo, se ha presentado un recurso de protección para resguardar sus derechos y dar lugar a la revisión de esta decisión.

La empresa Concesiones Punta Arenas SPA espera confiada una pronta resolución por parte de la justicia que permita salvaguardar sus intereses y el correcto desarrollo de las operaciones de estacionamiento.

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