El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a 18 años de presidio efectivo a un abogado declarado culpable de delitos sexuales reiterados contra su hija, hechos que se prolongaron durante varios años mientras la víctima era menor de edad.
La investigación estableció que los abusos comenzaron cuando la niña tenía 6 años y continuaron hasta que cumplió 13.
Tribunal acreditó abuso sexual y violación reiterados
Tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio, el tribunal dio por acreditados los delitos de abuso sexual y violación, ambos cometidos de manera reiterada.
La fiscal Ingrid González informó que el condenado recibió una pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, sanción que deberá cumplir de manera efectiva.
Investigación reconstruyó años de agresiones
De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la causa, la víctima quedó viviendo únicamente con su padre después de la muerte de su madre, ocurrida durante sus primeros años de vida.
Según estableció la investigación, el condenado aprovechó ese contexto de dependencia para cometer los delitos sexuales durante un período prolongado.
Peritajes y testimonios fueron claves para acreditar los hechos
Las diligencias estuvieron a cargo de las brigadas especializadas en Delitos Sexuales de la PDI de Puerto Montt y Punta Arenas.
Durante la investigación se incorporaron peritajes sexológicos y psicológicos practicados a la víctima, además de antecedentes contenidos en su ficha clínica.
A estas pruebas se sumaron testimonios, documentación y otros elementos que permitieron reconstruir los hechos y sustentar la acusación ante el tribunal.
Condena incluye sanciones adicionales
Además de los 18 años de cárcel efectiva, el fallo estableció una serie de penas accesorias para el condenado.
Entre ellas se encuentra la pérdida de la patria potestad respecto de la víctima.
También se ordenó incorporar su identidad al registro correspondiente de personas condenadas por delitos sexuales.
Identidad permanece bajo reserva
El nombre del condenado no puede ser difundido, debido a que revelar su identidad podría permitir identificar indirectamente a la víctima.
Por esta razón, los antecedentes públicos del caso mantienen bajo reserva la información personal del acusado con el objetivo de proteger la privacidad de la menor afectada.
Imagen de contexto: Agencia Uno.