La segunda reunión anual de la Mesa Regional de Supervisión Carcelaria de Magallanes, liderada por el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera, abordó la compleja realidad del sistema penitenciario regional. La mesa, compuesta por representantes de diferentes instituciones, como la Fiscalía Judicial, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería Regional, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se enfocó en encontrar soluciones a las problemáticas que aquejan a los recintos penitenciarios de la región.
Entre los temas priorizados se encuentran el reciente intento de fuga de cuatro internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas y su traslado a centros penitenciarios del norte del país, la falta de infraestructura, la necesidad de contar con más profesionales de la salud y la solicitud de mayor dotación de personal.
El fiscal judicial Miño alertó sobre la situación crítica del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, que actualmente alberga a 481 internos, superando su capacidad. Hizo un llamado a aumentar la dotación de gendarmes y asegurar la presencia de profesionales de la salud para evitar la necesidad de traslados a centros de salud externos.
La reunión contó con la participación de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat; el director regional de Gendarmería, Freddy Molinet; la defensora Penal Pública, Verónica Reyes; la defensora penitenciaria, Priscilla Vásquez; José Miguel Maldonado de la Fiscalía Regional del Ministerio Público; y Cristian Figueroa y Marlys Saldivia.