La muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, ocurrida durante un ejercicio militar en Punta Arenas, dio un giro en las últimas horas luego de que la Fiscalía Militar ordenara la detención de un capitán y un sargento primero del Ejército.
El suboficial, de 25 años, pertenecía a la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” y llevaba apenas dos semanas destinado en la zona austral cuando se produjo el hecho.
Un ejercicio que terminó en tragedia
Según los antecedentes preliminares, el cabo participaba en una actividad de instrucción cuando falleció por inmersión. Su cuerpo fue recuperado desde el interior de una laguna por efectivos del GOPE.
Desde el Ejército indicaron que la orden que habría recibido el joven uniformado se ejecutó fuera de los protocolos establecidos, situación que ahora es parte central de la investigación.
Investigación por eventuales responsabilidades
La Fiscalía Militar busca esclarecer si existieron fallas en la planificación o ejecución del ejercicio y determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de mando.
Las detenciones del capitán y del sargento primero forman parte de estas diligencias iniciales.
Mensajes enviados horas antes
En paralelo, familiares del cabo revelaron que antes de su muerte el joven había manifestado preocupación por su situación dentro de la unidad.
Su tío, Hugo Mena, relató que recibió varios mensajes en los que el suboficial describía un ambiente adverso.
“Tengo un temor, tío. Lo siento desde que llegué a esta brigada: me miran con malos ojos, tengo una sensación rara, algo me va a pasar. De hecho, ya ha habido gente que me ha dicho qué hago aquí. Me están tratando mal, nunca me había sentido así dentro de ninguna dependencia del Ejército”, expresó el cabo en esos mensajes.
De acuerdo con su familiar, cerca de cuatro horas después de esa conversación, la familia fue informada de su fallecimiento.
Proceso en desarrollo
La causa se mantiene en curso mientras se realizan peritajes y se recogen declaraciones para reconstruir con precisión lo ocurrido durante el entrenamiento.
Las autoridades deberán determinar si hubo incumplimientos normativos o responsabilidades penales en este caso que ha generado impacto al interior de la institución y en la comunidad.