La propuesta constitucional considera la expulsión de los extranjeros ilegales, distinto a lo que pensaban los dirigentes del En Contra.
La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) -una de las más prestigiosas y creíbles de Chile- reveló que el 69% de los chilenos está de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Según los expertos, esto se debe a que muchos casos policiales involucran a extranjeros desde el año 2022.
En La Moneda saben del problema y trabajan aceleradamente para aminorar los efectos. Y es un tema que preocupa al presidente Gabriel Boric, quien el 30 de noviembre anunció la expulsión de los inmigrantes ilegales.
“A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar”, dijo el presidente en una ceremonia en la que presentó un plan de fortalecimiento del control territorial. La decisión del gobierno fue aplaudida por el oficialismo.
Pero la mano dura contra la inmigración ilegal no siempre fue una prioridad para el ahora oficialismo. Cuando eran oposición, el entonces diputado Gabriel Boric era un firme defensor de la llegada de extranjeros. “Qué alegría la llegada de migrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño. ¡Bienvenidos!”, tuiteaba el presidente en febrero de 2018.
“No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son”, respondía a sus seguidores.
La actual vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), en 2016 criticaba duramente al presidente Sebastián Piñera por afirmar que muchas bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros. “Vergonzosa e indignante escalada de xenofobia clasista. ¿O acaso no se ha informado de las bandas chilenas de cuello y corbata?”, replicaba la diputada, quien cerraba su comentario con una segura afirmación: “La gran mayoría de los inmigrantes en Chile son personas humildes y honestas, estigmatizarlas con delincuencia es insultarlos sin fundamento”.
El diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) celebraba en 2017 las declaraciones de Luis Eduardo Thayer, entonces experto en migración de Convergencia social, quien afirmaba que la migración es un derecho. Thayer es ahora el director del Servicio Nacional de Migraciones.
“También el gobierno pretende acelerar las expulsiones. Eso representa un riesgo para el debido proceso. Por último, la regularización extraordinaria debe incluir a todos y no incorporar trabas a quienes ingresaron por pasos no habilitados”, afirmó Winter en 2018.